Los Peligros

LA COMISION CONTRA LOS ASUSTAVIEJAS

La semana pasada se produjeron dos iniciativas municipales para afrontar el problema de los asustaviejas. Por una parte, la reunión de concejales responsables de Urbanismo, Vivienda, Asuntos Sociales y Sanidad con la gerente de Procasa para coordinar el cumplimiento de los compromisos del último Pleno extraordinario sobre vivienda y, por otra, la aprobación de una Comisión de Trabajo Municipal contra los medios y actitudes antisociales en el mercado inmobiliario, circunloquio propio del ostentoso lenguaje político para referirse a lo que cualquiera en Cádiz conoce como asustaviejas. Partiendo de que cualquier actuación que se produzca para aislar e impedir las actividades inmorales, que no ilegales, de estos promotores inmobiliarios indeseables, me parece positiva y merecedora de apoyo, y que presupongo buena fe en quienes las ejecutan, me preocupa que, por los medios y maneras empleados, puedan quedar, como otras veces, en nada. Es acertado que los responsables de combatir el problema en el gobierno municipal se coordinen, con reuniones periódicas, o incluso creando un órgano administrativo diferenciado. Y que de esas reuniones den, naturalmente, cuenta al Pleno, pues ejecutan un mandato suyo. Menos entiendo la necesidad de crear esa nueva Comisión como, según dice el acuerdo, “órgano de participación de naturaleza consultiva, informativa y de asesoramiento”, por la sencilla razón de que ese órgano ya existe: es la Mesa contra los asustaviejas, que este mismo Ayuntamiento no convoca desde junio de 2002, pero que tampoco ha disuelto.
La Mesa se creó por iniciativa del grupo socialista (por citar el copyright, ahora que la alcaldesa reivindica la importancia del autor de la iniciativa en otros asuntos, como la declaración de Cádiz como capital Iberoamericana de la cultura), que fue aprobada por el Pleno el 5 de abril de 2002. Desde ese momento es un proyecto de absolutamente todo el Ayuntamiento (como la capitalidad cultural). Pero duró vivo sólo dos meses. En la Mesa están representados asociaciones vecinales, colectivos ciudadanos y grupos municipales, quedando excluidos expresamente los promotores inmobiliarios porque, según declaraba entonces la alcaldesa, “son juez y parte en este debate y contarían con información privilegiada”. Ya estaba claro, desde su formación, que la Mesa no era un lugar de encuentro para limar diferencias sino que nacía para combatir las malas artes de los asustaviejas. La composición de la nueva Comisión de Trabajo repite casi la composición de la Mesa, abriendo hueco a las asociaciones de vecinos independientes (formadas, en buena parte, por candidaturas que perdieron las respectivas elecciones en su asociación de vecinos y, acto seguido, se separaron de las mismas), que están fuera de las dos federaciones y de las que no se conoce su representatividad; además, de integrar a una serie de funcionarios municipales que, por su propia condición, ya están obligados a asesorar a los mismos políticos de la Comisión en sus áreas, que son quienes terminarán por tomar decisiones, pues los acuerdos de esta comisión no serán vinculantes. Tenemos, pues, una Comisión excesivamente numerosa, redundante, poco operativa y de dudosa representatividad para realizar las mismas funciones que no se dio tiempo de hacer a la Mesa. Ya ha anunciado su no participación la Federación 5 de Abril, la más combativa contra los asustaviejas, y a la que se ha incluido en este nuevo órgano sin consultar, ni a la que se recibe desde hace meses, extrañas prácticas de quien reclama (con razón) más cortesía institucional.
Se dice que la nueva Comisión elaborará estudios de casos concretos de conductas antisociales en la vivienda. Es como si no se supiera, a estas alturas, qué hace un asustaviejas. Es bien sencillo: alguien que compra edificios viejos, con inquilinos dentro, con intención de desalojarlos. Les previene (la amenaza sería delito) de la ruina técnica del edificio, los confunde (cualquiera se equivoca) con plazos y leyes o les ofrece la salida de un dinero miserable o un partidito infame. La solución no es tan sencilla pero debe responder a estas prácticas, con más inspección técnica, más información y más asesoría jurídica gratuita. Y órganos donde estén quienes trabajan el problema. Aunque nos parezcan incómodos.

Artículo publicado en "La Voz de Cádiz" el 20 de septiembre de 2005

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